domingo, 15 de mayo de 2011

TOTANA/ La defensa sostiene que todo el dinero que manejó Juan Morales tiene un origen lícito

Caballero afirma que el 'caso Tótem' es nulo por vulneración de derechos fundamentales y avanza que acabará en el Tribunal Constitucional 

15.05.11 - 02:48 - 
La diferencia entre lo que sostienen la Unidad Central Operativa (UCO) y el Ministerio Fiscal y lo que defiende José María Caballero, abogado del exalcalde de Totana en el denominado 'caso Tótem', va bastante más allá de un pico: 520.000 euros. Tal es la cantidad de dinero supuestamente ilícito que habría manejado quien fue primer regidor de Totana y que en esta legislatura que se agota ha venido ocupando un escaño de la Asamblea Regional de Murcia, primero como diputado del PP y más tarde, a raíz de que estalllara el escándalo de presunta corrupción, desde el Grupo Mixto.
En el escrito de c alificación presentado por el fiscal hace un mes, éste detalla que las cantidades de imposible justificación por parte de Morales son las que habría invertido en la compra de un apartamento junto a la Avenida Juan Carlos I de Murcia (240.000 euros), en la construcción de una casa en Brasil y en envíos de dinero a ese país a través de su novia, Vaneide Freita (otros 233.000 euros), y en la adquisición de tres coches, entre otros conceptos.
Ahora, el letrado de Morales le ha dado la réplica al Ministerio Público y, en su escrito de defensa, sostienen no sólo que todo ese presunto 'dinero negro' que manejaba el exalcalde tiene un origen perfectamentre ilícito, sino que además muestra su extrañeza por los supuestos «ocultamientos» de datos en que habría incurrido el fiscal.
Así, José María Caballero Salinas niega que su cliente hubiera llevado durante años «un ritmo de vida muy por encima de sus posibilidades», califica de «absolutamente erróneo» el informe patrimonial realizado por la UCO y se sorprende de que no se hayan tenido en cuenta los ingresos obtenidos por Morales, a lo largo de quince años, en una asesoría legal de su propiedad. Una circunstancia que motivaría «que el punto de partida (de esos informes) sea necesariamente erróneo». «La ocultación de ese dato -insiste el letrado- no sólo nos da idea de la credibilidad que merece cualquiera de los informes emitidos por la UCO».
Al margen de esta polémica sobre el origen ilegal o no de parte del patrimonio acumulado por el ex alcalde de Totana, Caballero inicia su escrito reiterando sus anteriores denuncias por vulneración de derechos fundamentales durante la investigación del caso, lo que en su opinión habría provocado que toda la instrucción sea nula. Así, el letrado señala que la juez de Totana no estaba capacitada para investigar a un aforado (Morales era diputado regional); que las diligencias se abrieron y los pinchazos telefónicos se realizaron a raíz de una denuncia de un testigo indirecto y, por tanto, sin la menor motivación legal; que el registro de la vivienda de Morales se efectuó utilizando el subterfugio de considerarla el domicilio de su novia brasileña, y que incluso se vulneraron los derechos más elementales de su cliente cuando la Guardia Civil le intervino un maletín lleno de documentos a quien entonces era su letrado.
Por todas estas razones, Caballero Salinas reclama que la investigación sea declarada nula y que su cliente sea absuelto. Además, y por si tal demanda no fuera tenida en cuenta por la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia que juzgará a Morales, ya avanza que el asunto acabará previsiblemente en el Tribunal Constitucional.
El fiscal imputa a Morales diez delitos (prevaricación, malversación, cohecho, falsedad...), por los que pide una condena de 28 años y ocho meses de prisión.

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