Los vecinos que tengan construcciones fuera de ordenación podrán adaptarlas a la normativa pagando una sanción que ascenderá al 1% del coste total del inmueble
La Opinión
JUAN FRANCISCO NICOLÁS. El Pleno del ayuntamiento de Santomera fijó, por unanimidad de los dos grupos municipales -PP y PSOE- y a propuesta del equipo del Gobierno del Partido Popular, la cuantía que deberían pagar los vecinos que tengan alguna construcción ilegal en el término municipal santomerano y quieran legalizarla. El Pleno estableció que los dueños de las viviendas ilegales tendrán que pagar una sanción que ascenderá al 1% sobre el valor de la construcción a la hora de regularizarlas.
Con esta medida se pretende poner cierta normalidad a la situación urbanística del municipio tras la entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).
El alcalde de Santomera, el popular José María Sánchez, subrayó que se ha establecido el mínimo legal para que cualquier vecino que tenga un inmueble en situación de ilegalidad no encuentre en la sanción económica un motivo para no legalizarla.
Fuentes municipales estiman en un primer momento que hay más de un centenar de construcciones en esta situación en la localidad.
La Opinión
JUAN FRANCISCO NICOLÁS. El Pleno del ayuntamiento de Santomera fijó, por unanimidad de los dos grupos municipales -PP y PSOE- y a propuesta del equipo del Gobierno del Partido Popular, la cuantía que deberían pagar los vecinos que tengan alguna construcción ilegal en el término municipal santomerano y quieran legalizarla. El Pleno estableció que los dueños de las viviendas ilegales tendrán que pagar una sanción que ascenderá al 1% sobre el valor de la construcción a la hora de regularizarlas.
Con esta medida se pretende poner cierta normalidad a la situación urbanística del municipio tras la entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).
El alcalde de Santomera, el popular José María Sánchez, subrayó que se ha establecido el mínimo legal para que cualquier vecino que tenga un inmueble en situación de ilegalidad no encuentre en la sanción económica un motivo para no legalizarla.
Fuentes municipales estiman en un primer momento que hay más de un centenar de construcciones en esta situación en la localidad.
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