También imputa al constructor Facundo Armero, que tendrá que declarar para explicar la finalidad del sobre con dinero entregado por su escolta a María A. Conesa
M. BUITRAGO MURCIA/ La Verdad
El caso de Fuente Álamo ha dado un giro de 180 grados: La juez ha reabierto el procedimiento contra la alcaldesa, María Antona Conesa Legaz (PP), y la ha citado a declarar como imputada de un presunto delito de cohecho. El archivo de la causa que se abrió el año pasado contra la alcaldesa por presunta corrupción ha durado cuatro meses. La reapertura acordada ahora está motivada por la declaración que realizó el pasado día 15 el escolta del contructor Facundo Armero, quien dijo a la juez que acudió al despacho de la alcaldesa para entregarle un sobre con 12.000 euros en billetes de 500, días antes de las elecciones municipales del año 2007. Según el escolta, fue Armero quien le envió al Ayuntamiento, como ha venido publicando La Verdad.
El empresario también tendrá que acudir a declarar por el mismo motivo, cosa que ya esperaba su abogado. En el mismo auto de Aránzazu Moreno, titular del juzgado de Instrucción número 4 de San Javier, también se imputa a Facundo Armero un presunto delito de cohecho. El mismo día también declarará, como testigo, Diego Alfonso García Corbacho.
La juez también ha tenido en cuenta para firmar su auto -el pasado viernes- las conversaciones grabadas a Facundo Armero por propio su guardaespaldas, José María Calzada Sobrino, y que fueron aportadas a la causa.
La grabación más comprometida la realizó Calzada Sobrino el 15 de abril en la sede de la empresa. Días después, la grabadora y su contenio fueron entregados a la juez Aránzazu Moreno. En la conversación con Facundo Armero, el escolta quiso saber qué tenía que declarar ante la juez en relación al sobre entregado a la alcaldesa en su propio despacho. Inicialmente, Facundo Armero declaró que el sobre contenía documentos sobre el polígono Garcerán, porque no quería que se supiera en ese momento que, al parecer, llevaba dinero. Dicho dinero, según explicó después su abogado, tenía como finalidad pagar parte de la corrida de toros, ya que la alcaldesa se había dirigido a varios empresarios para que contribuyeran comprando entradas. El mismo letrado, José Antonio García, ha impugnado la grabación del escolta. No la reconoce. Cree que el guardaespaldas le tendió una trampa al empresario para que dijera que el sobre contenía dinero y no documentos.
M. BUITRAGO MURCIA/ La Verdad
El caso de Fuente Álamo ha dado un giro de 180 grados: La juez ha reabierto el procedimiento contra la alcaldesa, María Antona Conesa Legaz (PP), y la ha citado a declarar como imputada de un presunto delito de cohecho. El archivo de la causa que se abrió el año pasado contra la alcaldesa por presunta corrupción ha durado cuatro meses. La reapertura acordada ahora está motivada por la declaración que realizó el pasado día 15 el escolta del contructor Facundo Armero, quien dijo a la juez que acudió al despacho de la alcaldesa para entregarle un sobre con 12.000 euros en billetes de 500, días antes de las elecciones municipales del año 2007. Según el escolta, fue Armero quien le envió al Ayuntamiento, como ha venido publicando La Verdad.
El empresario también tendrá que acudir a declarar por el mismo motivo, cosa que ya esperaba su abogado. En el mismo auto de Aránzazu Moreno, titular del juzgado de Instrucción número 4 de San Javier, también se imputa a Facundo Armero un presunto delito de cohecho. El mismo día también declarará, como testigo, Diego Alfonso García Corbacho.
La juez también ha tenido en cuenta para firmar su auto -el pasado viernes- las conversaciones grabadas a Facundo Armero por propio su guardaespaldas, José María Calzada Sobrino, y que fueron aportadas a la causa.
La grabación más comprometida la realizó Calzada Sobrino el 15 de abril en la sede de la empresa. Días después, la grabadora y su contenio fueron entregados a la juez Aránzazu Moreno. En la conversación con Facundo Armero, el escolta quiso saber qué tenía que declarar ante la juez en relación al sobre entregado a la alcaldesa en su propio despacho. Inicialmente, Facundo Armero declaró que el sobre contenía documentos sobre el polígono Garcerán, porque no quería que se supiera en ese momento que, al parecer, llevaba dinero. Dicho dinero, según explicó después su abogado, tenía como finalidad pagar parte de la corrida de toros, ya que la alcaldesa se había dirigido a varios empresarios para que contribuyeran comprando entradas. El mismo letrado, José Antonio García, ha impugnado la grabación del escolta. No la reconoce. Cree que el guardaespaldas le tendió una trampa al empresario para que dijera que el sobre contenía dinero y no documentos.
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