19.03.09 -PILAR WALS LORCA/La Verdad
El trabajador aseguraba en la denuncia contra el ex director de la empresa de limpieza que Miras era su «socio en los negocios oscuros y fraudulentos»
En el acto de conciliación previo a la demanda sólo se presentó el procurador
El que fuera concejal de la empresa municipal de limpieza, Miguel Miras García, interpuso en el año 2007 una querella criminal contra el trabajador de Limusa, Jacinto Parra Arcas, por asegurar éste en una denuncia contra el ex director de la empresa pública, Francisco Gil Eguino, que Miras era su «socio en los negocios oscuros y fraudulentos, cuyas actividades y llevanza contable» se operaba en las oficinas de la empresa de limpieza municipal.
La querella criminal se retiró, ya que previamente debía interponerse una demanda de conciliación. El acto de intento de acuerdo se llevó a cabo el miércoles día 11 ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Lorca, donde sólo se personó el procurador del demandante, por lo que el acto de conciliación no se llevó a efecto y la demanda criminal seguirá su curso.
En el texto de la demanda de Miras se asegura que Jacinto Parra, en el escrito de denuncia contra Gil Eguino, «sin relación de continuidad alguna con el relato de los hechos arremete» contra el ex concejal socialista, afirmando literalmente: «... en aquellos tiempos era concejal delegado de Empresa por el Ayuntamiento de Lorca que es el máximo accionista de Limusa, D. Miguel Miras García, en la actualidad socio en los negocios oscuros y fraudulentos que viene desarrollando el denunciado a través de distintas sociedades mercantiles, cuyas actividades y llevanza contable se operan en las oficinas de la empresa de limpieza municipal para que vengo trabajando».
Y se añade que aprovechando la denuncia interpuesta contra una tercera persona, «sin imputar la comisión de un delito concreto», se acusa a Miras de realizar «actividades fraudulentas e ilícitas, prevaliéndose de su cargo público». También se señala que de dicho escrito de denuncia se han difundido copias «por toda la ciudad de Lorca», habiéndose encontrado algunas en la sede del sindicato UGT de Lorca.
El párrafo sigue diciendo que Miras se encontró la copia que se adjunta a la denuncia «en el rellano de la escalera de su vivienda junto a varios ejemplares más». Así como que Jacinto Parra «ha entregado personalmente copias de la denuncia a diversas personas, vinculadas a su actividad pública, política y sindical, así como relacionadas con su vida privada, con el fin de asegurarse de que las afirmaciones injuriosas contenidas en la misma sean de dominio público y perjudiquen en la mayor medida posible su prestigio y buen nombre a todos los niveles y en todas las facetas de su vida».
Pide 6.000 euros
Entre las peticiones que realiza Miguel Miras García a Jacinto Parra Arcas en la demanda de conciliación está que «se retracte de las injurias vertidas contra mi representado en la denuncia que, en fecha 7 de julio de 2007, interpuso contra D. Francisco Ignacio Gil Eguino», según reza en el suplico de la demanda.
También le pide que «se avenga a publicar en los diarios de mayor repercusión en esta localidad, La Opinión y La Verdad, rectificación de las mencionadas injurias». Por último, le exige «a abonar a mi representado la cantidad de seis mil euros (6.000 euros), como indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
El querellante, Miguel Miras García, aparece en un informe dentro de la investigación que se sigue en la Operación Reciclaje, que tuvo sus inicios en una denuncia de Jacinto Parra por acoso laboral a Gil Eguino. El nombre de Miras está unido al que fuera ex director de Limusa, único detenido por el momento de la presunta trama de corrupción.
En el informe de la Delegación de Murcia de la Agencia Tributaria Miguel Miras García aparece entre los socios de la empresa Cabo Cope Naturaleza. A ella, en el documento se le imputa un «posible delito por IVA e impuesto de Sociedades en la venta de viviendas».
Autorizado en cuentas
Miras también aparece como socio de Inversiones Umbe, dueña del 65% de Invermed, que a su vez, cuenta con el 60% del capital de Vía Urbe, a la que también se le achacan «posibles delitos por la compra de terrenos a Tana S. A.». Inversiones Umbe, también realizó inversiones en La Marina de Cope, Uneproconsa y promociones Martínez Azor. Del que fuera edil socialista se dice en el informe de la Agencia Tributaria, que realizó un inspector de hacienda, que «figura como socio y/o autorizado en cuentas bancarias de varias sociedades». El texto habría sido incluido en el sumario dentro de la Operación Reciclaje.
En el acto de conciliación previo a la demanda sólo se presentó el procurador
El que fuera concejal de la empresa municipal de limpieza, Miguel Miras García, interpuso en el año 2007 una querella criminal contra el trabajador de Limusa, Jacinto Parra Arcas, por asegurar éste en una denuncia contra el ex director de la empresa pública, Francisco Gil Eguino, que Miras era su «socio en los negocios oscuros y fraudulentos, cuyas actividades y llevanza contable» se operaba en las oficinas de la empresa de limpieza municipal.
La querella criminal se retiró, ya que previamente debía interponerse una demanda de conciliación. El acto de intento de acuerdo se llevó a cabo el miércoles día 11 ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Lorca, donde sólo se personó el procurador del demandante, por lo que el acto de conciliación no se llevó a efecto y la demanda criminal seguirá su curso.
En el texto de la demanda de Miras se asegura que Jacinto Parra, en el escrito de denuncia contra Gil Eguino, «sin relación de continuidad alguna con el relato de los hechos arremete» contra el ex concejal socialista, afirmando literalmente: «... en aquellos tiempos era concejal delegado de Empresa por el Ayuntamiento de Lorca que es el máximo accionista de Limusa, D. Miguel Miras García, en la actualidad socio en los negocios oscuros y fraudulentos que viene desarrollando el denunciado a través de distintas sociedades mercantiles, cuyas actividades y llevanza contable se operan en las oficinas de la empresa de limpieza municipal para que vengo trabajando».
Y se añade que aprovechando la denuncia interpuesta contra una tercera persona, «sin imputar la comisión de un delito concreto», se acusa a Miras de realizar «actividades fraudulentas e ilícitas, prevaliéndose de su cargo público». También se señala que de dicho escrito de denuncia se han difundido copias «por toda la ciudad de Lorca», habiéndose encontrado algunas en la sede del sindicato UGT de Lorca.
El párrafo sigue diciendo que Miras se encontró la copia que se adjunta a la denuncia «en el rellano de la escalera de su vivienda junto a varios ejemplares más». Así como que Jacinto Parra «ha entregado personalmente copias de la denuncia a diversas personas, vinculadas a su actividad pública, política y sindical, así como relacionadas con su vida privada, con el fin de asegurarse de que las afirmaciones injuriosas contenidas en la misma sean de dominio público y perjudiquen en la mayor medida posible su prestigio y buen nombre a todos los niveles y en todas las facetas de su vida».
Pide 6.000 euros
Entre las peticiones que realiza Miguel Miras García a Jacinto Parra Arcas en la demanda de conciliación está que «se retracte de las injurias vertidas contra mi representado en la denuncia que, en fecha 7 de julio de 2007, interpuso contra D. Francisco Ignacio Gil Eguino», según reza en el suplico de la demanda.
También le pide que «se avenga a publicar en los diarios de mayor repercusión en esta localidad, La Opinión y La Verdad, rectificación de las mencionadas injurias». Por último, le exige «a abonar a mi representado la cantidad de seis mil euros (6.000 euros), como indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
El querellante, Miguel Miras García, aparece en un informe dentro de la investigación que se sigue en la Operación Reciclaje, que tuvo sus inicios en una denuncia de Jacinto Parra por acoso laboral a Gil Eguino. El nombre de Miras está unido al que fuera ex director de Limusa, único detenido por el momento de la presunta trama de corrupción.
En el informe de la Delegación de Murcia de la Agencia Tributaria Miguel Miras García aparece entre los socios de la empresa Cabo Cope Naturaleza. A ella, en el documento se le imputa un «posible delito por IVA e impuesto de Sociedades en la venta de viviendas».
Autorizado en cuentas
Miras también aparece como socio de Inversiones Umbe, dueña del 65% de Invermed, que a su vez, cuenta con el 60% del capital de Vía Urbe, a la que también se le achacan «posibles delitos por la compra de terrenos a Tana S. A.». Inversiones Umbe, también realizó inversiones en La Marina de Cope, Uneproconsa y promociones Martínez Azor. Del que fuera edil socialista se dice en el informe de la Agencia Tributaria, que realizó un inspector de hacienda, que «figura como socio y/o autorizado en cuentas bancarias de varias sociedades». El texto habría sido incluido en el sumario dentro de la Operación Reciclaje.
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