La medida, que apoyan PP, IU y CDL, podría suponer una inyección de 6 millones de euros a las arcas municipales
12.02.12 - 01:00 -
JOSÉ LUIS PIÑERO |/ la Verdad
El Pleno ha suprimido la cláusula especial que excluía a las sanciones urbanísticas por viviendas ilegales en la huerta de las condiciones de pago establecidas para el resto de tributos y pagos al Ayuntamiento. La proposición -apoyada por PP, IU y CDL- significa que las casi 2.000 casas y construcciones ilegales de la ciudad no podrán acogerse a la rebaja de sus sanciones al 50% o al aplazamiento del pago. Para las arcas municipales, la inyección económica podría superar los 6 millones de euros.
Con anterioridad a esta modificación, las sanciones disfrutaban de una bonificación del 50% de la multa, de la que el sancionado abonaba a su vez la mitad y el resto -un 25% de la multa- se podía satisfacer en cuatro años sin intereses en pagos trimestrales. Si una sanción era de 20.000 euros, el multado -al estar de acuerdo con la sanción- la rebajaba a 10.000, de los que pagaba 5.000 en un primer pago y los otros 5.000 en pagos trimestrales de 250 euros en cuatro años.
Los impulsores de la modificación argumentan que se estaba incurriendo en ilegalidad, pues por una parte la ordenanza prevé que a partir de un año de aplazamiento se debe cargar a la deuda los intereses correspondientes, pero además la Ley del Suelo de la Región de Murcia dice que la sanción se reducirá el 50% cuando el infractor muestre su conformidad por escrito y «abone el importe de la multa en el plazo máximo de un mes».
Según Izquierda Unida, «ambas prácticas son contradictorias, si la ley exige pagar antes de un mes para beneficiarse de la bonificación del 50%, no es posible aplazamiento alguno. Y si se aplaza, es porque no ha pagado nada inicialmente y por tanto, y según la Ley del Suelo no puede beneficiarme de la bonificación y además debe pagar los intereses del aplazamiento. Por su parte, el alcalde -José Iborra- asegura que «se estaba incurriendo en una situación de ilegalidad».
Críticas del PSOE
Para los socialistas, sin embargo, lo que ha ocurrido es que el equipo de Gobierno ha «endurecido» las condiciones de pago de las sanciones «cuando fue el propio Iborra quien aprobó en su anterior etapa como alcalde las bonificaciones y aplazamientos. Incluso ya siendo alcalde Diego Cervantes, a mediados del 2009, el PP presentó una moción para ampliar los dos años a cuatro».
Los socialistas dicen que «al PP no le importa la situación económica de los vecinos. Cuando solicitaban mayores facilidades de pago estaban en la oposición y pretendían estrangular económicamente al Gobierno socialista».
El PSOE considera que IU y CDL alegan «motivos jurídicos y administrativos; pero no han pensado en la situación económica de los ciudadanos ni en el agravio comparativo que se creará a los propietarios de construcciones sancionadas de aquí en adelante, que no tendrán las mismas facilidades de pago que los que ya estaban sancionados».
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