El Ayuntamiento deja para la próxima legislatura el debate sobre el texto, que sólo convencía al PP
08.02.11 - 00:57 -
MANUEL MADRID | MURCIA/ La Verdad
Con las elecciones en la esquina, el Gobierno municipal no quiere más enemigos, sobre todo entre los pelotones ciclistas, y aplazará hasta la próxima legislatura el debate para regular el uso de la bici en calles y aceras. El alcalde de Murcia ha ordenado frenar en seco la tramitación de uno de sus proyectos más controvertidos: la nueva Ordenanza Reguladora del Uso de la Bicicleta en los Espacios Públicos de Murcia, que establecía sanciones de hasta 500 euros por circular por aceras no autorizadas, por conducir borracho, sin manos o haciendo uso de auriculares y/o teléfono móvil o por no llevar focos ni elementos reflectantes de noche.
Presentada hace un año como la solución para garantizar la convivencia entre ciclistas, peatones y automovilistas, la fallida ordenanza pretendía «armonizar y regular» el tránsito en las vías públicas y fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo a los vehículos motorizados. Sin embargo, la portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Seguridad y Circulación, Nuria Fuentes, anunció ayer que este proyecto de ordenanza está descartado y que la prioridad del Ayuntamiento es avanzar en la ejecución de la red de carriles bici del Plan Director de la Bicicleta y mejorar la señalización viaria. Fuentes admitió que el Gobierno municipal ha reconsiderado la propuesta al entender que no tiene sentido establecer nuevas limitaciones y condiciones para circular en bici mientras no haya una infraestructura más completa y una conciencia cívica más desarrollada.
«Hay que dejar pasar un tiempo, el que sea necesario, para volver a retomar el debate. Convocaremos una mesa abierta con todas las partes, y si sale adelante será por consenso. De lo contrario, no prosperará», aclaró Fuentes, quien reiteró que el objetivo que se perseguía con la ordenanza no era castigar al ciclista sino fomentar una mejor convivencia con los peatones y automovilistas.
Por su intensidad de tráfico peatonal, el texto ahora descartado vetaba a los ciclistas el paso por las calles Platería y Trapería por sus especiales características. También recogía la necesidad de utilizar cascos debidamente homologados cuando se circulase por las calzadas, carriles bici o vías interurbanas, así como timbres y elementos reflectantes y luminosos previstos en la legislación vigente. El Ayuntamiento preveía sanciones también por atar las bicis a los árboles u otros elementos del mobiliario urbano, y por no respetar la prioridad de paso y circulación de peatones, entre otros.
Colectivos, asociaciones y partidos de la oposición acusaron entonces al Gobierno municipal de intentar «criminalizar» el uso de la bici en el municipio en lugar de fomentar su uso y criticaron el insuficiente período de 10 días para la presentación de alegaciones «a un texto abusivo redactado de manera unilateral con muy poco acierto», como denunció Ecologistas en Acción.
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