EFE/ la Verdad
El magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que investiga el caso Limusa, sobre presunta corrupción en la empresa municipal de limpieza de Lorca, ha acordado la apertura del juicio oral contra los ocho acusados, a los que ha dado un día de plazo para prestar fianzas que suman más de 4,6 millones de euros. Entre los acusados se encuentran Francisco Gil Eguino, que fue director de la citada empresa; el diputado regional de grupo mixto (anteriormente en el socialista) Bartolomé Soler y el ex alcalde de Lorca, Miguel Navarro, también del PSOE.
Las mayores fianzas se exigen para Gil Eguino, que deberá depositar 1,2 millones de euros, y Soler, que deberá entregar otra de 911.000 euros, según el auto.
El instructor advierte a los ocho acusados de que en caso de no depositar esas fianzas, con las que se trata de asegurar la responsabilidad civil a la que pueden ser condenados, en el plazo establecido se procederá al embargo de sus bienes. Los acusados disponen de un plazo de 10 días para presentar los escritos de conformidad o disconformidad con la acusación establecida por el fiscal y para proponer las pruebas con las que intenten defenderse en su día en el juicio.
En su escrito de acusación, presentado ante el TSJ a finales del pasado enero, el fiscal solicitó para Francisco Gil Eguino seis años de prisión y multa de 24 meses con una cuota diaria de 300 euros por un delito de falsedad en documento mercantil, 16 años de inhabilitación especial por prevaricación y seis años de prisión y multa de 24 meses por un delito de falsedad en documento oficial.
Para Bartolomé Soler, pide cinco años de cárcel por un delito de falsedad en documento oficial y mercantil; cuatro años de prisión y multa de 12 meses con una cuota diaria de 50 euros y cinco años de inhabilitación por un delito de falsedad en documento oficial, y nueve años de inhabilitación por prevaricación. Para el exalcaldeMiguel Navarro, solicita nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación y no lo acusa del delito de malversación al considerar que los hechos en los que se basaría esta figura delictiva, producidos en el año 2003, han prescrito.
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