EFE/ La Verdad
La conducta del alcalde y los dos concejales fue «prevaricadora», según el Ministerio Público, que reclama al juez de San Javier que reabra las investigaciones
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región ha presentado el ya anunciado recurso de reforma contra la decisión, adoptada por del Juzgado de Instrucción número 6 de San Javier, de archivar la investigación abierta contra el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García, y los concejales Santiago Meroño y José Saura en el denominado 'caso de los contratos a dedo'. Para el Ministerio Público, según han indicado fuentes próximas al asunto, la conducta de estos tres cargos públicos «fue prevaricadora», al no haber sacado a concurso numerosos contratos del Ayuntamiento pachequero, cuyo importe total ascendía a más de 500.00 euros. Es por eso que reclama al juez instructor que revoque el archivo y continúe con las investigaciones.
El magistrado de San Javier decidió el pasado diciembre archivar esa causa contra Daniel García Madrid y dos de sus ediles, al estimar que no eran conscientes de incumplir la legislación. Y ello en base a las declaraciones de los tres imputados, así como de algunos testigos, entre ellos el secretario municipal, que aseguraban que en el Consistorio siempre se habían adjudicado esos contratos de forma directa. La ley, sin embargo, exigía que se sacaran a concurso público por superar los 12.000 euros fijados como límite para contratar 'a dedo'.
El instructor, en base a ese aparente desconocimiento de la ley por parte de los tres cargos públicos, decidió archivar la causa, al estimar que sólo existe prevaricación si el funcionario público es perfectamente consciente de estar cometiendo un acto ilícito.
Al contrario, el fiscal considera que tanto el alcalde como los dos concejales no podían desconocer la obligación legal que existe de sacar a la libre concurrencia los contratos cuando los mismos superan la mencionada cantidad.
En particular, señala que esta obligación difícilmente podía ser desconocida por el primer edil, dada su condición de abogado.
La Fiscalía se refiere también en su recurso al contenido de una conversación telefónica, intervenida por la Policía en el transcurso de las investigaciones, en la que uno de los imputados sugirió a otro que fraccionara el importe de un contrato para así evitar sacarlo a concurso público.
Si el juez no estima este recurso del fiscal , éste ya ha anunciado que acudirá en apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia.
La conducta del alcalde y los dos concejales fue «prevaricadora», según el Ministerio Público, que reclama al juez de San Javier que reabra las investigaciones
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región ha presentado el ya anunciado recurso de reforma contra la decisión, adoptada por del Juzgado de Instrucción número 6 de San Javier, de archivar la investigación abierta contra el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García, y los concejales Santiago Meroño y José Saura en el denominado 'caso de los contratos a dedo'. Para el Ministerio Público, según han indicado fuentes próximas al asunto, la conducta de estos tres cargos públicos «fue prevaricadora», al no haber sacado a concurso numerosos contratos del Ayuntamiento pachequero, cuyo importe total ascendía a más de 500.00 euros. Es por eso que reclama al juez instructor que revoque el archivo y continúe con las investigaciones.
El magistrado de San Javier decidió el pasado diciembre archivar esa causa contra Daniel García Madrid y dos de sus ediles, al estimar que no eran conscientes de incumplir la legislación. Y ello en base a las declaraciones de los tres imputados, así como de algunos testigos, entre ellos el secretario municipal, que aseguraban que en el Consistorio siempre se habían adjudicado esos contratos de forma directa. La ley, sin embargo, exigía que se sacaran a concurso público por superar los 12.000 euros fijados como límite para contratar 'a dedo'.
El instructor, en base a ese aparente desconocimiento de la ley por parte de los tres cargos públicos, decidió archivar la causa, al estimar que sólo existe prevaricación si el funcionario público es perfectamente consciente de estar cometiendo un acto ilícito.
Al contrario, el fiscal considera que tanto el alcalde como los dos concejales no podían desconocer la obligación legal que existe de sacar a la libre concurrencia los contratos cuando los mismos superan la mencionada cantidad.
En particular, señala que esta obligación difícilmente podía ser desconocida por el primer edil, dada su condición de abogado.
La Fiscalía se refiere también en su recurso al contenido de una conversación telefónica, intervenida por la Policía en el transcurso de las investigaciones, en la que uno de los imputados sugirió a otro que fraccionara el importe de un contrato para así evitar sacarlo a concurso público.
Si el juez no estima este recurso del fiscal , éste ya ha anunciado que acudirá en apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia.
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