Entre los socios de las empresas investigadas hay un ex concejal, un notario, un médico, un asesor, arquitectos y varios empresarios
PILAR WALS LORCA/ La Verdad
PILAR WALS LORCA/ La Verdad
El juzgado se dispone a llamar a nuevos implicados en la presunta trama de corrupción investigada dentro de la Operación Reciclaje. Los que podrían pasar por la sala del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Cuatro de Lorca para ser interrogados por el magistrado Sergio Romero son los socios del único detenido hasta el momento, el que fuera ex director de la empresa municipal de limpieza, Limusa, Francisco Gil Eguino, que permanece detenido en la cárcel de Sangonera.
Entre los socios de la empresa Cabo Cope Naturaleza, a la que se le imputa un presunto delito por IVA e impuesto de sociedades en la venta de viviendas, según reza en un informe de la Delegación de Murcia de la Agencia Tributaria incluido en el sumario de la causa, estarían un ex concejal, un notario, un médico y un asesor.
Sus declaraciones serían como testigos, aunque no se descarta que en el transcurso de las mismas alguno de ellos pudiera quedar como imputado. Los interrogatorios también podrían ampliarse a los socios de otras empresas, un auténtico entramado, que se creó con capital de la inicial, como muestra un documento también aportado por la Agencia Tributaria.
Las investigaciones se retoman esta semana después de que el Juzgado Número 4 haya concluido su periodo de guardia, durante el que prácticamente no se han llevado a cabo nuevas actuaciones. Aunque durante los últimos días, los investigadores han continuado examinando todo el material incautado en los siete registros que se llevaron a cabo la semana anterior.
Estos se produjeron en la sede central de la empresa municipal de limpieza, en tres viviendas del que fuera ex director de Limusa, Francisco Gil Eguino, en una empresa de iluminación y en dos asesorías. Los registros aportaron casi un centenar de cajas llenas de documentos que están siendo examinados para determinar el número de implicados y de empresas, que podría superar el medio centenar.
Estos datos se suman a los aportados en su día por el trabajador de Limusa Jacinto Parra Arcas, que denunció estar siendo víctima de acoso laboral. El trabajador aprovechó para grabar en cedés información precisa de las empresas, sus socios y cada uno de sus movimientos que entregó al juzgado y a la Agencia Tributaria. Dos años después, se puso en marcha la Operación Reciclaje que se inició hace siete meses con la investigación por parte de dos inspectores de hacienda. Varios documentos aportados por éstos técnicos habrían puesto de manifiesto que en Limusa el dinero de empresas privadas se guardaba en la caja fuerte junto al de la empresa pública, aunque con sobres de distinto color y tamaño.
Entre los socios de la empresa Cabo Cope Naturaleza, a la que se le imputa un presunto delito por IVA e impuesto de sociedades en la venta de viviendas, según reza en un informe de la Delegación de Murcia de la Agencia Tributaria incluido en el sumario de la causa, estarían un ex concejal, un notario, un médico y un asesor.
Sus declaraciones serían como testigos, aunque no se descarta que en el transcurso de las mismas alguno de ellos pudiera quedar como imputado. Los interrogatorios también podrían ampliarse a los socios de otras empresas, un auténtico entramado, que se creó con capital de la inicial, como muestra un documento también aportado por la Agencia Tributaria.
Las investigaciones se retoman esta semana después de que el Juzgado Número 4 haya concluido su periodo de guardia, durante el que prácticamente no se han llevado a cabo nuevas actuaciones. Aunque durante los últimos días, los investigadores han continuado examinando todo el material incautado en los siete registros que se llevaron a cabo la semana anterior.
Estos se produjeron en la sede central de la empresa municipal de limpieza, en tres viviendas del que fuera ex director de Limusa, Francisco Gil Eguino, en una empresa de iluminación y en dos asesorías. Los registros aportaron casi un centenar de cajas llenas de documentos que están siendo examinados para determinar el número de implicados y de empresas, que podría superar el medio centenar.
Estos datos se suman a los aportados en su día por el trabajador de Limusa Jacinto Parra Arcas, que denunció estar siendo víctima de acoso laboral. El trabajador aprovechó para grabar en cedés información precisa de las empresas, sus socios y cada uno de sus movimientos que entregó al juzgado y a la Agencia Tributaria. Dos años después, se puso en marcha la Operación Reciclaje que se inició hace siete meses con la investigación por parte de dos inspectores de hacienda. Varios documentos aportados por éstos técnicos habrían puesto de manifiesto que en Limusa el dinero de empresas privadas se guardaba en la caja fuerte junto al de la empresa pública, aunque con sobres de distinto color y tamaño.
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